"El Estado tiene que recuperar competencias que afectan a los derechos de todos los españoles"

Ayer vimos como el Departamento de Estado de EEUU alertaba de que en Cataluña y Baleares se vulneraban los derechos fundamentales al imponer el rechazo a una lengua oficial como el castellano desde las Administraciones Públicas.

Hace un par de semanas veíamos como la fiesta nacional por autonomasia, con reconocido valor cultural e histórico, era prohibida en una Cataluña bajo el amparo de la autonomía legislativa de su Parlamento y sus competencias.

A diario vemos como las tensiones entre CCAA y Estado central son evidentes, y muchas veces se enfrentan al pedir las CCAA cada vez más competencias y más financiación que la Comunidad vecina, haciendo añicos el principio de solidaridad que establece la Constitución Española. Desde el punto de vista del ciudadano, vemos como muchas veces las Administraciones se pasan la pelota de unas a otras y se escudan en que desde sus competencias nada pueden hacer por nuestros problemas.

Pues bien, estos tres casos concretos; el uso del castellano, los toros y las competencias de las CCAA, son ejemplos que nos llevan a concluir que no existe una regulación suficientemente clara en nuestro ordenamiento jurídico que delimite las competencias de cada ente territorial y que asegure el respeto de derechos fundamentales en todo el territorio.

Lo que sabemos hasta ahora es que la Constitución Española establece un amplio marco que conjuga las competencias exclusivas del Estado (art. 149) con la autonomía de las regiones en que se divide España (art 148), así como el reconocimiento de una serie de potestades a los Entes Locales, administración importantísima por ser la más próxima al ciudadano (arts. 140 y siguientes).

A lo que voy es que la Constitución establece un marco general que debe ser concretado por otras Leyes. No nos podemos quedar ahí y dejar al libre albedrío de la interpretación de unos cuantos qué competencias tiene cada administración territorial. En especial me preocupan los derechos fundamentales recogidos en la Constitución; creo que esos derechos deben ser regulados por el Estado central y debe haber una regulación que garantice su cumplimiento en la totalidad del territorio español para que casos como el de la discriminación del castellano, la prohibición de los toros o la insolidaridad de las CCAA no se vuelvan a producir. El ordenamiento jurídico debe obligar a todas las Administraciones a cumplir y hacer cumplir que los derechos de todos los españoles son respetados.

Dicho con otras palabras, el Estado debe asegurarse por medio del la ley, la regulación de competencias que afectan a los derechos de todos los españoles (Título I de la CE) y debe asegurar por medio de eficaces mecanismos que se respetan derechos fundamentales en todo el territorio nacional, inclusive el respeto a la lengua. Esto sin perjuicio de las competencias que originariamente corresponden a CCAA, o aquellas que por el principio de subsidiariedad puedan acabar regulando, pero aquello que afecta a todos y que debe ser respetado en toda España creo que merece ser regulado y vigilado por el Estado.